Llevamos meses escuchando el lema “quédate en casa”, pero ¿qué sucede cuando tu casa es un cajero, un banco en el parque, un portal o un puente?
La pandemia del COVID-19 ha golpeado a los colectivos más vulnerables de la sociedad y, sin duda, el de las personas sin hogar ha sido uno de los más perjudicados.
Lo paradójico es que, gracias a que las calles se quedaron vacías, por fin se pudo ver a quienes viven en ellas. Así, por primera vez en años, la problemática del sinhogarismo no solo salió en telediarios, sino que se mencionó en las ruedas de prensa de los gobernantes —tanto estatales como regionales—, que intentaron implementar medidas a favor de las personas sin hogar.
Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes. En Madrid, los dos espacios abiertos para albergar a 150 personas cada uno se completaron nada más abrirlos, y la creación de plazas de emergencia en la red municipal de centros y albergues hizo que estos lugares se saturaran más de lo que ya estaban. El modelo de estos centros colectivos no solo es insuficiente para acabar con la problemática del sinhogarismo (son recursos mayoritariamente de corta estancia en donde conviven personas con patologías previas de todo tipo), sino que aumenta las probabilidades de contagio, ya que no se respetan las medidas de prevención básicas. Por ejemplo, en centros como estos existen espacios comunes de más de cien personas en donde es prácticamente imposible mantener una distancia social.
A pesar de la aparente repercusión mediática, la realidad es que cientos de personas sin hogar siguieron viviendo en la calle durante el estado de alarma sin ser atendidas por ningún organismo público ni tampoco por los servicios sociales que normalmente las visitan.
En Madrid, la Asociación Bokatas estuvo realizando rutas de emergencia y visitando aproximadamente a trescientas personas que no accedieron a plazas en polideportivos o centros. En estas rutas, los voluntarios proporcionaban información sobre la situación y entregaban kits de emergencia con comida y productos de higiene.
Durante el estado de alarma, las personas sin hogar no solo perdieron la posibilidad de acceder a parques, bares, intercambiadores, bibliotecas o centros cívicos —espacios donde diariamente podían cobijarse, entretenerse e, incluso, asearse—, sino que tampoco pudieron acceder con normalidad a comedores sociales —la gran mayoría, cerrados— ni a los dos únicos baños públicos de la ciudad con duchas —que también estuvieron cerrados durante al menos veinte días—.
Adicionalmente, la falta de coordinación entre las autoridades creó situaciones alarmantes desde el punto de vista humanitario. Por ejemplo, algunas personas sin hogar fueron multadas o denunciadas por la policía por el hecho de estar en la calle, y en el mes de abril más de ochenta personas sin hogar fueron desalojadas del aeropuerto de Madrid-Barajas sin intervención social y sin alternativas de alojamiento.
Estas son solo algunas líneas que resumen brevemente cómo algunas personas sin hogar de Madrid vivieron la crisis del COVID-19, pero se podrían escribir libros enteros con las historias de estas personas normalmente invisibles que, como consecuencia del confinamiento, pasaron a ser algo más visibles.
Según fuentes oficiales, en España existen al menos 33.000 personas sin hogar. En Madrid, en el IX Recuento de Personas sin Hogar organizado por el Ayuntamiento en diciembre de 2018 se contabilizaron aproximadamente 839 personas viviendo en la calle (incluidos los asentamientos), 1250 personas en centros o albergues, 675 personas en pisos y 234 personas en centros de acogida para inmigrantes.
Esta pandemia hace que nos replanteemos una vez más si un sistema de atención a personas sin hogar como el actual, basado mayoritariamente en alojamientos colectivos y que deja a miles de sintecho en la calle, es el más adecuado.